Crece sin parar la oferta de pisos turísticos, mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal motivo de preocupación entre la ciudadanía.
El colapso del mercado del alquiler se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno, que se afana por proponer soluciones a los problemas agravados que las medidas intervencionistas puestas en marcha por PSOE y Sumar durante los últimos seis años. La última ocurrencia es endurecer al máximo la regulación de los pisos turísticos en la esperanza de que los pequeños propietarios que han retirado sus inmuebles del mercado de alquiler vuelvan a ponerlos a disposición de quienes buscan una vivienda para un alquiler tradicional.
En primer lugar, ni eliminando todos los pisos turísticos existentes en la actualidad, bastaría para cubrir la demanda actualmente existente de alquiler tradicional. Y en todo caso, dicho supuesto trasvase podría lograrse únicamente imponiendo mayores exigencias y condicionantes a los dueños de todos esos inmuebles.
Son varias las causas que provocan el déficit existente en la actualidad de medio millón de pisos en el mercado del alquiler: el desplazamiento de una parte importante de la demanda desde la compraventa al alquiler, por los elevados tipos de interés que ha mantenido el Banco Central Europeo desde mediados de 2022; la fuerte demanda de vivienda por parte de los migrantes llegados a España para trabajar; los movimientos demográficos que tienden a concentrar la población en los principales núcleos urbanos en detrimento de la periferia, y sin duda, la regulación del mercado inmobiliario en nuestro país, que ha provocado que miles de propietarios retiren sus viviendas de alquiler del mercado.
El desequilibrio entre la cobertura jurídica de propietarios e inquilinos a raíz de las iniciativas legales del Gobierno para impedir los desahucios ha provocado que numerosos propietarios hayan decidido retirar sus pisos del mercado ante el temor a no poder volver a hacer uso de sus propiedades en caso de impagos u ocupación. Una reciente encuesta de FOTOCASA entre arrendadores lo corrobora: la causa más común para no poner sus pisos en alquiler es la desconfianza respecto a los inquilinos ante la falta de garantías legales frente a impagos, desperfectos u ocupaciones. Es urgente e imperioso restaurar la seguridad jurídica para los propietarios para tratar de resolver los cuellos de botella creados por la regulación intervencionista de la vivienda.
La multiplicidad de causas que explican el colapso del alquiler hace necesario soluciones transversales, realistas y valientes, no demagógicas. La idea de que endurecer la regulación de los alquileres para turistas aumentará la oferta de alquiler tradicional es errónea porque no mejora la escasa cobertura legal para los propietarios. Los temores generados en buena parte de los dueños de pisos por las reiteradas proclamas para intervenir la vivienda están detrás del histórico hundimiento de la oferta de pisos disponibles para arrendar en los últimos trimestres. La falta de seguridad jurídica mueve a los propietarios a dejar de alquilar sus pisos por la vía tradicional
Son necesarias decisiones extraordinarias como fomentar la colaboración público-privada en régimen de alquiler asequible y regulado a lo largo de un plazo entre tres y ocho años gracias a medidas como la rebaja temporal del IVA para la obra nueva o rehabilitación integral, liberar suelo público infrautilizado y flexibilizar los cambios de uso de oficinas a viviendas.
El Ministerio de Vivienda obligará a inscribirse en un registro público a todos aquellos dueños de pisos que los quieran destinar al alquiler turístico, de temporada, por habitaciones o de corta duración. La medida, que cuenta con apoyo claro de las empresas turísticas tradicionales, que fueron las primeras en alertar de las consecuencias nocivas de la competencia alegal derivada del auge de los pisos turísticos en el centro de las principales ciudades, busca aflorar la economía sumergida que florece en torno a esta actividad económica. La coordinación con los registros de alquileres ocasionales ya creados por administraciones locales y autonómicas para garantizar que las viviendas cumplen las condiciones de acceso y sanitarias mínimas para dedicarse al alquiler turístico o de temporada debería contribuir a un mayor control y transparencia sobre dónde están, a quién pertenecen y quién utiliza estos pisos. Más discutible resulta que la medida vaya a servir para incrementar la oferta de alquileres tradicionales. Se estima que el 95% de los pisos destinados al alquiler para turistas, están concentrados principalmente en cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla, por tanto, ni siquiera desplazando todas esas viviendas al alquiler tradicional se podría cerrar la brecha entre la oferta y la demanda.
